LO QUE VALE CUIDAR A UN JEFE PARA

Tomado de EL TIEMPO, junio 17 de 2005
250 millones de pesos al mes le cuesta al Estado cuidar al paramilitar ‘Don Berna’

El procurador, Edgardo Maya, solicitó al Gobierno precisar cuál es el estatus que tiene el jefe paramilitar y desmontarle los privilegios.De los 65.000 presos que hay en Colombia, Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’, es uno de los que más caros le sale al Gobierno. No solo por las reacciones adversas que generan hechos como llevarlo en helicóptero a la vereda Altos de Rusia de Valencia (Córdoba) para que leyera un discurso de seis páginas, sino también en términos económicos.

El Estado se gasta aproximadamente 250 millones de pesos mensuales en su sola custodia, sin contar los gastos que acarrea la finca-cárcel en Valencia, donde permanece recluido. Son 150 policías y dos funcionarios del INPEC los que se necesitan para vigilarlo día y noche.

Esa cantidad de hombres es similar a la encargada de custodiar a un pueblo de 100 mil habitantes, como Zipaquirá. A cada uno se le debe pagar en promedio un millón de pesos de salario y 300 mil adicionales como prima de orden público, por estar en una zona calificada de alto riesgo. Es decir, en salarios se desembolsan cerca de 200 millones de pesos. Adicionalmente, se les debe suministrar la alimentación que, a un promedio diario de 10 mil pesos por cabeza, cuesta unos 45 millones de pesos. A eso se suman los costos de transporte terrestre y aéreo, tanto de las tropas como del mismo sindicado.

Por ejemplo, cada vez que trasladan a ‘Don Berna’ desde la finca-cárcel a Ralito se debe pagar al menos una hora de vuelo. Si es en un Black Hawk vale 7 millones de pesos, y si es en un helicóptero particular, 5. Es decir que el traslado del jefe paramilitar desde la finca-cárcel hasta la vereda Altos de Rusia para leer un discurso y acompañar al bloque ‘Héroes de Tolová’ en la dejación de las armas pudo costar cerca de 10 millones de pesos.

Para analistas, no se entiende que en su condición de detenido y con medida de aseguramiento por el asesinato del diputado de Córdoba Orlando Benítez y dos personas más, tuviera la posibilidad de intervenir en el acto de desmovilización de la manera en que lo hizo. Lo cierto es que para estos efectos el Gobierno expidió la resolución 131, mediante la cual le concedió temporalmente (por 48 horas) el carácter de “miembro representante de las AUC”. Según la resolución, los desplazamientos del jefe ‘para’ estarían bajo la vigilancia de la Fuerza Pública.

El mismo mecanismo se volverá a utilizar para que ‘Don Berna’ acompañe la desmovilización del bloque ‘Héroes de Granada’. Ayer, precisamente, el procurador Edgardo Maya pidió claridad en las normas jurídicas que se están aplicando para que ‘Don Berna’ haga los desplazamientos. Se preguntó cual es su verdadero estatus. El desplazamiento de un reo para labores de paz se había registrado antes en este gobierno, cuando el guerrillero del ELN ‘Francisco Galán’, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, fue trasladado a Bogotá, también en un helicóptero oficial, para que interviniera en el Congreso.

Pero para el analista Sergio Jaramillo, director de Ideas para la Paz, los dos episodios no son comparables. “Don Berna fue detenido por un delito cometido durante el cese de hostilidades.

La condición del Gobierno para negociar con grupos que considera terroristas ha sido precisamente que respeten un cese de hostilidades. Queda entonces la duda sobre la condición de ‘Don Berna’. ¿Se negoció con un terrorista?”, se pregunta el analista. Para el comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo, la legislación vigente y el estatus de desmovilizado que le dieron, permiten estos ‘privilegios’.

El Gobierno del presidente Álvaro Uribe admitió por primera vez que tiene información de 492 homicidios con cargo a los paramilitares desde que se iniciaron las negociaciones con esas organizaciones en julio de 2003. En lo que va corrido de este año esas mismas organizaciones aparecen como responsables de 8 secuestros. La confirmación fue hecha por el comisionado de paz, Luís Carlos Restrepo, a los reporteros de Caracol y COLPRENSA, el miércoles a la media noche en el Congreso, luego de una jornada de discusión alrededor del proyecto de justicia y paz.

Restrepo hizo la afirmación para negar otros registros, que como el de la Fundación Esperanza, habla de casi 500 secuestros por cuenta de las autodefensas, según lo denunció el representante Gustavo Petro.“Tenemos nuestro propio registro de situaciones acontecidas y todas las hemos sustentado ante la Fiscalía. Constante mente estamos aportando las pruebas que llegan a nuestras manos. Tenemos datos de violación de cese de hostilidades de 492 personas a la fecha desde que se inició el cese de hostilidades y de personas secuestradas o desaparecidas tenemos un registro de 8 en lo que va corrido del año”, dijo Restrepo.

El comisionado de paz también desestimó los reparos de los congresistas estadounidenses al proyecto de justicia y paz y dijo que los ha visto “confundidos”, tal vez porque no conocen todo el texto del proyecto. Restrepo sugirió que la mayoría de las críticas al proyecto de justicia y paz se da de parte de quienes no han leído siquiera el proyecto. La revelación fue hecha en medio de la polémica desatada en los últimos días por el trato que ha recibido Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, que para muchos ha sido preferencial.

Murillo fue capturado y la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra él por el asesinato del diputado de Córdoba, Orlando Benítez, su esposa y su conductor. De ser hallado culpable Murillo, el crimen sería una de las violaciones al cese de hostilidades decidido unilateralmente por los grupos paramilitares en medio del proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Para los críticos del Gobierno estas violaciones al cese son una muestra de la falta de voluntad de los grupos paramilitares. Y, según varios congresistas, es lo mismo que sucedió en el proceso de paz con las FARC durante el Gobierno de Andrés Pastrana.