INFILTRACIÓN PARAMILITAR EN EL DAS

EL ESLABÓN PERDIDO

Tomado de la Revista Cambio, de Bogotá-Colombia, abril de 2006

Néstor Caro, un extraditable que se paseaba como Pedro por su casa en el DAS, es el hombre clave de la infiltración paramilitar en ese organismo.

NÉSTOR RAMÓN CARO CHAPARRO, teniente retirado del Ejército, tenía reservado un tratamiento VIP en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Estaba exento de anuncios y antesalas y cuando iba a visitar sus dependencias gozaba de prelación en todos los trámites que solicitara. Eso lo sabían bien los funcionarios que en tres ocasiones, entre 2002 y 2004, le expidieron certificados judiciales y que jamás le hicieron aguardar más de 12 minutos para entregarle el documento, mientras que las personas que se agolpaban en las filas externas madrugaban y se sometían a esperas de hasta ocho horas.

Los privilegios y contemplaciones para él se mantuvieron incluso después de que la Fiscalía le libró, el 29 de marzo de 2004, una orden de captura con fines de extradición para que compareciera en juicio ante la Corte de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, que lo requería por narcotráfico y lavado de dinero.

Cuando eso ocurrió, y mientras la Policía y otros organismos de seguridad lo buscaban, sus contactos en el DAS le expidieron el documento "a distancia". De hecho, el 10 de mayo de 2004 -41 días después de que la Fiscalía impartió la orden- le imprimieron un nuevo certificado y lo eximieron de la toma de huellas digitales y de los registros fotográficos. Lo hicieron pese a que las normas legales exigen que los trámites para la expedición del certificado judicial deben ser hechos personalmente por el interesado.

Todo esto fue corroborado por una auditoría a los sistemas de información sobre ingreso y salida de personas, ordenada por la Fiscalía, en enero de 2005, a raíz de un escándalo fugaz que trascendió a los medios de comunicación cuando funcionarios judiciales encontraron que servidores del DAS se prestaron para borrar antecedentes a extraditables y narcotraficantes.

De acuerdo con el documento, conocido íntegramente por CAMBIO, cuando el 22 de junio de 2004 la Policía y la DEA le preguntaban al DAS por información sobre Caro -señalado entonces como un narcotraficante oriundo de Yopal, Casanare, y ligado al cartel de los Llanos-, esos mismos contactos decidieron borrar toda huella de él. Con ese propósito, suprimieron de la base de datos todos los registros a su nombre, incluidos tanto los judiciales como los migratorios.

Pero quedó rastro...

La operación de borrado fue completa pero torpe a la vez. Abolió todos los registros migratorios que contenían información sobre 34 viajes al exterior, pero como el sistema recibió la orden de supresión a partir del número de cédula del extraditable y no de su nombre, extinguió también los datos correspondientes al ciudadano Martín Torrealba Rico, cuyo número de pasaporte coincidía exactamente con el de la cédula de Caro: 80.416.211.

La supresión de los registros migratorios pretendía, según las investigaciones de la Fiscalía, borrar la huella de viajes a Estados Unidos, España y Brasil, principalmente, donde según la Corte de Distrito de Nueva York, recibió personalmente pagos de embarque de drogas e inició operaciones de lavado para ocultar los réditos de sus acciones clandestinas e ilegales. Para todos los efectos, el nombre de Caro fue cambiado en las bases de datos por el de María Quinta Pérez, con el documento número 109426730.

DESPUÉS DE QUE LA FISCALÍA LIBRÓ LA ORDEN DE CAPTURA, EXPEDÍA A CARO EL CERTIFICADO JUDICIAL A DISTANCIA.

"Teniendo en cuenta que la identidad de Néstor Ramón Caro Chaparro fue modificada por la de María Quinta Pérez en la tabla per-persona del DAS y observando el anterior registro de visitantes se establece que efectivamente el 23/05/03 Néstor Ramón Caro Chaparro sí ingresó en varias ocasiones al DAS para efectuar el trámite de certificado judicial", dice uno de los apartes del informe de auditoría ordenado por la Fiscalía.Esta historia, inédita hasta hoy en cuanto a sus detalles, cobra actualidad a raíz de la mención que del nombre de Néstor Ramón Caro ha hecho en sus más recientes declaraciones Rafael García, ex director de Informática del DAS. Según García, detenido actualmente en un pabellón de alta seguridad de la Penitenciaría Nacional de La Picota, Caro es un narcotraficante que en 2002 financió las campañas de algunos parlamentarios del departamento de Magdalena y habría aportado también dinero a la pasada campaña presidencial. CAMBIO, sin embargo, verificó en el Consejo Electoral las respectivas listas de aportantes y no encontró que allí estuviese registrado el nombre de Caro.

No obstante, el conocimiento del episodio completo de lo ocurrido con el extraditable llanero lleva por estos días a la Fiscalía a ampliar sus investigaciones y establecer si era posible o no que las visitas de este y otros narcotraficantes al DAS hubieran pasado inadvertidas para el entonces director, Jorge Noguera Cotes, y para otros altos funcionarios como el secretario general de la época, Giancarlo Auqué de Silvestri .Una fuente del DAS le dijo a CAMBIO el martes 11 que "los movimientos de Caro en la sede de la entidad indican a las claras que contaba con protección de altísimo nivel, y algunas personas que llevan años trabajando aquí nos cuentan que la relación del oficial retirado era directa y permanente con Giancarlo Auqué de Silvestri, y ocasional con Jorge Noguera".¿Son todos los que están?Por ahora toda la responsabilidad por el borrado de antecedentes ha quedado en cabeza de Rafael García y de Ariel José Garzón Estrada, subalterno suyo en la oficina de informática. "Creo que la cuerda se está rompiendo por lo más delgado", dijo uno de los primeros investigadores judiciales que conocieron del caso.

Según él, aunque García y Garzón no son ajenos a los hechos, no son los únicos comprometidos. "Había dinero de por medio y una disputa entre los interesados los llevó a hacerse amenazas y delaciones mutuas". Su información coincide, por lo menos parcialmente, con las declaraciones de García en el sentido de que la operación de borrado costó por lo menos tres millones de dólares.Los investigadores, que pidieron expresamente no ser citados por sus nombres, aseguraron que Noguera quiso ejercer presión sobre la Fiscalía para que ésta le diera a él crédito de la investigación y produjera una declaración pública en ese sentido. Cuando los funcionarios judiciales le hicieron ver que el procedimiento resultaba impropio y reñido con las atribuciones legales de la Fiscalía, Noguera pasó un derecho de petición pidiéndole al ente investigador que dijera si el DAS había tenido o no participación en el hallazgo. La respuesta tenía que ser necesariamente afirmativa, ya que el apoyo de Policía Judicial fue prestado por la entidad.

Incluso, la auditoría a los sistemas -dispuesta por la justicia penal- fue realizada por un equipo encabezado por Sergio Pérez Barrera, jefe de Investigaciones Informáticas y Electrónicas del DAS.

Localizar a Néstor Ramón Caro es vital para que se sepa la verdad sobre lo que ocurrió en el DAS durante los últimos tres años.

Había una razón adicional que justificaba su premura: la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, y la Inteligencia de la Policía ya estaban enteradas de lo que estaba ocurriendo.Desde aquella época la Fiscalía tenía la presunción de que García sabía mucho más de lo que admitía en un primer momento. Esa presunción se desprendía de lo dicho en la indagatoria por su asistente, el ingeniero Ariel Garzón. Garzón les ha dicho a los investigadores que él cumplía las órdenes de García, que a su vez "las recibía del noveno piso". En el noveno piso del edificio principal del DAS funcionan la Dirección General, la Sub dirección y la Secretaría General. Aparte de algunas menciones aisladas a su nombre en los medios de comunicación, la historia de Caro Chaparro era desconocida hasta hoy por el país. Este hombre, oficial retirado del Ejército -cabeza de una organización de narcotraficantes del llano y amigo de Miguel Arroyave hasta la muerte de éste-, es conocido en los círculos de la mafia como Felipe o El Duro. Quizá su condición de anonimato le facilitó las cosas y le permitió "matricularse" en las huestes paramilitares que se concentraron en Santa Fé Ralito a la espera de su desmovilización y de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Desde agosto del año pasado, la Procuraduría y la Fiscalía conocen de quejas y denuncias según las cuales Caro es la muy probablemente el mismo hombre conocido familiarmente en círculos del DAS como "el teniente Néstor". Según los denunciantes, Néstor ofreció en 2004 una de sus fincas cercanas a Cota para que allí se realizara la fiesta de cumpleaños de Auqué de Silvestri, con asistencia de otros directivos del DAS. La fiesta fue amenizada por un conocido grupo vallenato traído desde la Costa

La lista de preguntas que surge de este caso es grande. ¿Por qué un narcotraficante se convirtió en hombre de confianza de altos funcionarios del DAS y, aún después de ser pedido en extradición, siguió paseándose como Pedro por su casa por la sede del organismo de seguridad? ¿Por qué en vez de estar capturado, hay información que indica qua ya se encuentra en Santa Fé Ralito, lugar de concentración de los jefes paramilitares?¿Cómo es posible que el DAS, que debía capturarlo tras la orden de arresto con fines de extradición, por el contrario hubiese optado por protegerlo? ¿Cuál era el alcance de la relación entre Caro y el secretario general del DAS Auqué de Silvestri? ¿Se extendía esa relación a otros altos funcionarios del organismo?

Los anteriores interrogantes explican razón por la cual tanto la Fiscalía General de Colombia, que conformó una comisión especial para investigar el escándalo del DAS, como la DEA y las autoridades judiciales de los Estados Unidos, han aumentado su interés en este personaje.

"Tenemos la certeza de que él tiene la clave para responder muchas de las inquietudes que han surgido en el arranque de las indagaciones", le dijo a CAMBIO una fuente del equipo investigador". "Es -agregó- el eslabón perdido de esta cadena y tenemos que encontrarlo, porque es él quien puede darnos un panorama claro de hasta dónde llegó la infiltración paramilitar en el más importante organismo de inteligencia del país".

Colado en Ralito

El 14 de marzo de 2005 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibió, por primera vez, noticias de prensa que se referían a Néstor Ramón Caro Chaparro. La información, basada en reportes de inteligencia de la Policía, indicaba que este hombre, desconocido entonces en el país, había logrado colarse como paramilitar en Santa Fé Ralito para evitar su extradición.

Sin ocultar su molestia, el comisionado Luis Carlos Restrepo consideró inadmisible que los organismos de inteligencia les entregaran esos datos a los medios de comunicación antes de enterarlo a él sobre lo que ocurría en la zona de concentración paramilitar. "¿Si sabían dónde estaba ese señor, porqué no iban y lo capturaban? Eso no es para armar un alboroto a través de los medios de comunicación", dijo Restrepo en una entrevista radial.

Ahora, tras la investigación de CAMBIO sobre los antecedentes de este personaje queda claro que se trata de algo más que un alboroto armado por la prensa. En efecto, las autoridades comprobaron que Néstor Ramón Caro o Felipe o El Duro, logró ponerse el falso ropaje paramilitar al lado de Javier Zuluaga Lindo, Gordo Lindo, y los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, después de pagar varios millones de dólares por el pasaporte de ingreso a Ralito.

Los investigadores tienen la certeza de que Caro habría comprado por tres millones de dólares la franquicia de un grupo paramilitar que perteneció a Miguel Arroyave.

Aun cuando Caro ha mantenido un bajo perfil, en los archivos de las autoridades aparece registrado como un hombre con un gran poder económico en el departamento de Casanare, donde se hizo al control de las fincas más productivas de esa región, entre ellas Morichales, Hato Pobre y Morichitos. De igual manera, en febrero los organismos de investigación descubrieron que Caro es propietario de grandes extensiones de cultivo de hoja de coca en las inspecciones de Carupana y Caribayona, no lejos del municipio de Villanueva, una zona crítica del Casanare.